NACIONAL ESPAÑA
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Pág. : 20 2007-Nov-
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-La Ley de Adopción impedirá que los padres biológicos
reclamen a sus hijos tras dos años Una disposición final otorga
a la Administración la facultad de devolver o no al menor a su
familia - Toxicómanos o presos perderán su derecho a solicitar
judicialmente el regreso de sus hijos

MADRID. - Imagine a Paula, mujer con cuatro años de cárcel y madre con tres niños inocentes. Paula no
quiere que los críos cumplan también su pena y los cede en adopción, que después de mucho llorar, la
libertad ha ganado el debate al achuchón.Hasta la nueva ley sobre adopciones, Paula podía esperar a que
terminara su condena y salir a la calle para pedir a un juez la devolución de sus hijos.Con la nueva ley sobre
adopciones, se quedará para siempre sin ellos salvo milagro. «Se le pasó el plazo, señora».El plazo es la
clave. Una disposisión final de la Ley de Adopción Internacional establece dos plazos: uno de dos años para
que las familias biológicas puedan recuperar a sus hijos porque las circunstancias que motivaron la
declaración de desamparo del menor han cambiado y otro de dos meses para que los padres puedan
oponerse a la modalidad de acogimiento tomada por la Administración.Se trata del punto sexto de la
disposición final primera de la ley que aparece publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con
fecha de 27 de junio de 2007, un retoque que modifica el artículo 172 del Código Civil.Dicho artículo no
establecía plazo alguno para que esas situaciones se revisaran y permitía que los jueces decidieran qué
hacer en cada caso..Poder político.Sin embargo, a partir de ahora, la decisión no será judicial, sino
administrativa. Será el poder político el que determine si un menor debe volver o no con su familia biológica.
Y la resolución no se podrá recurrir.«Durante el plazo de dos años desde la notificación de desamparo, los
padres que tienen suspendida la patria potestad están legitimados para solicitar que cese la suspensión y
quede revocada la declaración de desamparo del menor (...) Pasado dicho plazo, decaerá su derecho de
solicitud u oposición a las decisiones o medidas que se adopten para la protección del menor (...)», señala el
punto crítico de la disposición final.A pesar de ello, la ley también reconoce que «la entidad pública, de oficio
o a instancia del Ministerio Fiscal o de persona o entidad interesada, podrá en todo momento revocar la
declaración de desamparo y decidir la vuelta del menor con su familia si no se encuentra integrado de forma
estable en otra familia».Sin embargo, esta última matización sigue impidiendo a los padres reclamar a su hijo
biológico a través de la vía judicial. No podrán plantear en un juzgado sus peticiones. Deberán hacerlo ante
la Administración, la misma que declaró el desamparo de su hijo.Así, serán los órganos administrativos -las
comunidades autónomas en su mayoría- los que decidan, algo que «cuestiona la separación de poderes y
quita capacidad al juez para controlar la acción de la Administración», sostiene el abogado andaluz Valentín
Aguilar.El asunto hurga de lleno en el mundo de la marginación, que, como siempre, saldrá perdiendo. Los
padres y madres que estén inmersos en procesos de drogodependencia, que atraviesen trastornos
transitorios o que se encuentren en privación de libertad «perderán su derecho a solicitar judicialmente el
ejercer como padres», asegura la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).En España, el
70% de los reclusos cumple condenas superiores a dos años. De ellos, el 85% tiene hijos. Y, hasta ahora,
sólo uno de cada cuatro progenitores en prisión mantiene a sus hijos a su lado en la cárcel.Sin embargo, el
cambio legislativo puede hacer variar esta tendencia y conseguir como efecto perverso que las prisiones
españolas alberguen a más niños, como apuntan algunos expertos.Aguilar aventura problemas: «Muchas de
las mujeres presas que conozco sólo tienen un motivo para adaptarse al régimen carcelario, dejar de
consumir drogas e intentar salir de ahí cuanto antes: sus hijos».Como continúa explicando Valentín Aguilar,
«si ese motor se apaga, no sé qué va a pasar. La gente se quedará sin motivación. Supongo que muchas
personas presas se llevarán a los hijos consigo a la cárcel, porque sabrán que si están más de dos años no
los podrán recuperar».APOYO-Trabas administrativas¿Por qué la ley cambia de repente para quitarle poder
al juez y dárselo al político? La APDHA, Valentín Aguilar y jueces de familia como José Luis Utrera, lo
resumen en una palabra: «Dinero».Recientemente, la Junta de Andalucía ha sido condenada a pagar
1.400.000 euros a una madre que tardó 10 años en recuperar a unos hijos que le fueron retirados cuando
tenían cuatro y cinco años de edad y ella padecía problemas de alcoholismo. Un tribunal consideró que las
trabas administrativas que se le fueron colocando en el camino provocaron ese calvario burocrático y decidió
que el Gobierno andaluz debía indemnizar a la mujer.«Las comunidades autónomas no han tenido
problemas ideológicos aquí: todas, las del PSOE, las del PP y las nacionalistas han alertado a los
legisladores para cambiar la situación. Saben que la burocratización de los servicios de protección de
menores eterniza los procesos y tienen miedo a sentencias parecidas a la que condenó a la Junta»,
mantiene Aguilar, abogado de muchas Paulas obligadas a ser tan 'ilegales'.@FIRMA:RAFAEL J. ALVAREZ
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